Antes de legislativas, jueza veta a Justicia de EEUU amenazar a personal electoral

A cuatro días de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, el Gobierno de Trump ha sufrido dos derrotas judiciales. La jueza federal de distrito Trina Thompson, en el norte de California, dictó el viernes una orden cautelar: el Departamento de Justicia ya no puede amenazar con procesos penales a funcionarios y trabajadores electorales para disuadirlos de contar papeletas. Tampoco puede exigir a las autoridades locales que borren de los registros a votantes de su lista de presuntos no ciudadanos, que les denieguen la papeleta o que custodien sus papeletas por separado. La demanda fue presentada por sindicatos de trabajadores electorales, entre ellos el sindicato de servicios SEIU.

Thompson escribió que el público tiene un «interés primordial» en que los funcionarios y trabajadores electorales puedan realizar su labor. «El día de las elecciones está a la vuelta de la esquina», afirmó para justificar la rápida decisión. Según la agencia AP, el Departamento había citado a funcionarios electorales del condado de Los Ángeles; al menos tres deberían comparecer ante un gran jurado el día después de las elecciones. El fiscal federal jefe en Los Ángeles, Bill Essayli, había advertido de que quien tramitara a sabiendas el voto de un no ciudadano se expondría a consecuencias legales.

El Departamento defendió su actuación. «Cada papeleta de un votante sin derecho a voto anula el voto de un ciudadano estadounidense», dijo la portavoz Kiersten Pels, según AP. Ese mismo día, el Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó por segunda vez en una semana la solicitud del Gobierno de retener unos 20.000 votos por correo en California. Según Al Jazeera, la mayoría de los jueces vio en ello una violación de la Constitución y el riesgo de excluir a ciudadanos con derecho a voto; el juez Patrick Bumatay, en cambio, consideró razonable la solicitud.