Tennessee pagó casi 1,2 millones de dólares por los fármacos para ejecuciones
El proveedor y el número de dosis siguen siendo secretos. Los críticos hablan de falta de transparencia tras las ejecuciones fallidas; el estado rechaza las acusaciones.
Foto: Kaldari / Wikimedia Commons, Public domain (recortada y redimensionada)
El estado estadounidense de Tennessee ha gastado desde enero de 2023 casi 1,2 millones de dólares en fármacos para inyecciones letales, en dos pagos de 525.000 y 650.000 dólares. Así consta en documentos obtenidos por el periódico Tennessean y que el Death Penalty Information Center (DPI) resumió el 26 de octubre. De ellos no se desprende quién suministra los fármacos, cuánto pentobarbital se compró, cuánto cuesta una dosis ni cuándo caduca. El defensor público federal Kit Thomas habló de «una barbaridad de dinero» para los contribuyentes con tan poca información.
Desde la reanudación de las ejecuciones en 2025, Tennessee ha ejecutado a cuatro personas; dos intentos fracasaron: el de Tony Carruthers en mayo y el de Christa Pike a finales de septiembre. Pike había sido condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, en 1995. Pike fue devuelta a la cárcel el 10 de octubre; el gobernador Bill Lee ha suspendido las ejecuciones hasta que concluya una investigación independiente. Tras el caso Pike, la autoridad penitenciaria declaró que había seguido «cada paso» de su protocolo, que «ha demostrado ser siempre eficaz»; los abogados de Pike lo niegan.
Abogados de condenados a muerte solicitaron el 22 de octubre ante un tribunal de Nashville que se amplíe su demanda contra el protocolo con los hechos de las ejecuciones fallidas. El estado quiere que se desestime la demanda y considera especulativas las dudas. Los costes son elevados también en otros lugares: Indiana pagó casi 1,3 millones de dólares y Texas más de 775.000 dólares por pentobarbital.