Pena de muerte en EE. UU.: Indiana niega escáneres cerebrales antes de una ejecución

El Gobierno del gobernador de Indiana, Mike Braun, no permitirá nuevas pruebas cerebrales al condenado a muerte Jeffrey Weisheit antes de su ejecución prevista para el 5 de noviembre. El hombre, de 50 años, fue condenado en 2013 por matar en 2010 a dos niños de ocho y cinco años en el incendio de una casa cerca de Evansville. Su abogado, Joseph Perkovich, sostiene que los escáneres de resonancia magnética y PET podrían mostrar si existían daños cerebrales antes del crimen; afirma que el jurado decidió «sin información científica fiable». El Tribunal Supremo del estado ya rechazó un aplazamiento y la junta de indultos recomendó por unanimidad denegar la petición de clemencia.

La decisión final corresponde a Braun, quien dijo anteriormente que tendría en cuenta las pruebas médicas si las hubiera; no hay plazo. La defensa exige además que el estado revise su procedimiento tras la ejecución fallida de Christa Pike en Tennessee, ya que ambos estados utilizan pentobarbital. Indiana ha gastado 275.000 dólares en la sustancia y se considera capaz de llevar a cabo la ejecución. En la familia de las víctimas hay opiniones distintas: según WISH-TV, la madre pidió rechazar el indulto, mientras que el padre pidió al gobernador que perdone la vida de Weisheit.

Indiana no es un caso aislado: solo para el 5 de noviembre hay también ejecuciones previstas en Florida y Alabama, según una lista de la Southern Methodist University, y en noviembre habrá más en Oklahoma, Texas y Florida. Los partidarios de la pena de muerte invocan la justicia para las víctimas y sus allegados; los detractores señalan el riesgo de errores y los problemas con la inyección letal. En Tennessee, donde Colleen Slemmer fue matada en 1995, el gobernador ha suspendido las ejecuciones hasta finales de año.